Obras por cerca de US$ 1.130 millones en diversas regiones del país se necesitarían al 2035.
Expertos plantean reforzar la inclusión de criterios de resiliencia en proyectos para enfrentar eventos climáticos extremos y así evitar daños a las personas y actividades económicas.
Escrito por: Marco Gutiérrez V.
Incluir criterios de resiliencia en el desarrollo de la infraestructura en el país para enfrentar eventos climáticos extremos y no sólo realizar mitigaciones ante estos episodios, es uno de los desafíos que expertos plantean para encarar de mejor forma estos fenómenos de la naturaleza cada vez más habituales.
Lo anterior, no sólo para evitar pérdidas humanas, daños en viviendas o equipamiento urbano, sino también para mitigar los golpes a la productividad de diversas actividades económicas.
En materia de infraestructura hídrica para enfrentar lluvias intensas, el país necesitaría invertir al menos unos US$ 1.130 millones en 10 años. Esto, según el informe Infraestructura para el Desarrollo Sostenible (IDS) 2026-2035 que la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) elabora cada 4 años y cuya última versión se publicó en mayo pasado. Este documento de más de 700 páginas, que está en una etapa de difusión y trabajo con distintas instituciones públicas , contiene un capítulo donde se detallan las inversiones que se requieren para evitar inundaciones en diversas regiones del país.
Proyectos por región
La Región Metropolitana lidera las inversiones con US$ 264 millones destinados a 77 iniciativas, según el IDS. La estrategia se enfoca en la protección de la cuenca del Maipo y la modernización del drenaje urbano para mitigar impactos de eventos meteorológicos extremos. Se plantean sistemas de defensa y control aluviona, «para enfrentar lluvias cordilleranas del núcleo cálido que amenazan el suministro de agua y la seguridad de asentamientos». Esto, además de colectores en comunas como La Florida, San Bernardo y Quilicura, entre otros.
Para la Región del Maule se proyectan US$ 232 millones en 108 iniciativas. En esta zona, la prioridad sería «blindar el sistema de riego y estabilizar cauces frente a la dualidad de sequía estructural y crecidas repentinas, protegiendo la actividad agroindustrial mediante el saneamiento de canales y la mejora de la infraestructura rural y urbana en múltiples subcuencas», señala el documento.
La Región de Tarapacá, en tanto, necesitaría planes por US$ 172 millones, para la protección de riberas y cauces, con obras en zonas del río Loa y quebradas de Camiña y Tarapacá, entre varias otras iniciativas.
En Coquimbo – con US$109 millones -, «el eje principal es la seguridad ante remociones en masa, detacando diagnósticos técnicos en las cuencas de los ríos Limarí, Choapa y Elqui, junto con obras de mitigación en quebradas», menciona el estudio. En el ámbito urbano, resalta la construcción de un sistema de evacuación de aguas lluvias de cinco kilómetros para La Serena-Coquimbo.
Para la Región de O’Higgins, se deberían destinar US$ 103 millones para proyectos como el blindaje de las cuencas de los ríos Rapel, Cachapoal y Tinguiririca, mediante defensas fluviales y control aluvional. En las ciudades, se proyectan colectores y sistemas de bombeo en pasos bajo nivel.
Para la Región de Valparaíso (US$ 71 millones)se propone la infiltración mediante plazas de agua y pavimentos permeables para evitar el colapso de colectores, mientras que para valles (Aconcagua Petorca, La Ligua) se plantean obras de mejoramiento de riberas, con flora nativa para combatir la erosión y retener humedad.
Desafíos para las obras
El informe IDS apunta que «la evidencia internacional muestra que cada dólar invertido en infraestructura resiliente puede generar entre cuatro y siete dólares en beneficios económicos futuros, al reducir costos de reconstrucción, pérdidas productivas y disruptivas en servicios críticos».
El presidente de la CChC, Alfredo Echavarría, sostuvo que en los últimos años se han desarrollado instrumentos para evaluar riesgos de desastres y «cada vez más proyectos consideran aspectos asociados a eventos extremos. Sin embargo, existe una oportunidad importante para que la resiliencia deje de abordarse caso a caso y pase a constituirse en un criterio transversal del ciclo completo de inversión pública: desde la planificación y priorización de proyectos, pasando por su evaluación social, diseño y construcción, hasta la operación y conservación».
Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) y exministro de OO.PP y Transportes, estimó que las obras públicas han incorporado criterios de resiliencia ante eventos climáticos, por lo que el país estraía mejor preparado que hace 10 años para estas situaciones.
De todos modos, Cruz sostuvo que «estamos al debe en redundancia, es decir, hay infraestructura que puede verse afectada y que no cuenta con alternativas». En esa línea, mencionó, por ejemplo, que el ferrocarill podría suplir el flujo de una carretera cortada.
Carlos Aguirre, académica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián y consejero del CPI, aseguró que «cada peso invertido antes del desastre evita costos mucho mayores después. La resiliencia no debe entenderse como un gasto adicional, sino como una inversión que protege vidas, infraestructura y recursos públicos».
A partir de un trabajo desarrollado por el CPI, Aguirre planteó cambiar el foco desde la reconstrucción hacia la prevención, incorporar el riesgo climático en todas las inversiones públicas, priorizar infraestructura crítica, complementar las obras tradicionales con soluciones basadas en la naturaleza y utilizar monitoreo y sistemas predictivos.
Fuente: El Mercurio, Jueves 16 de julio de 2026.