Escrito por Jessica Marticorena.
El Consejo Nacional de Monumentos aumentó en 67% la frecuencia de sus sesiones, mientras la DGA apunta a superar los 15 mil expedientes resueltos este año, versus los 9.478 que zanjó el gobierno de Boric en 2025. Y Concesiones Marítimas instruyó que las consultas a los organismos se pidan desde el inicio y en paralelo, y definió un sistema de seguimiento.
- Recibió ‘herencia’ de 28.645 expedientes pendientes
Dirección de Aguas: prevé resolver un 58% más de expedientes que en 2025
El segundo ‘mayor cuello de botella permisológico’ es la etiqueta que carga hace años la Dirección General de Aguas (DGA). La actual administración trabaja desde marzo para reducir permisos y agilizar los trámites.
Al año ingresan 10.576 expedientes, y entre 2022 y 2025 resolvieron 7.079, ‘un 67% de lo que ingresó, por lo tanto, quedó un rezago de 3.497 expedientes, equivalentes a un 33%. Es una mochila que provoca que crezca el stock de expedientes atrasados’, detalla el abogado Hipólito Zañartu, asesor del MOP en asuntos de la DGA. Cuando asumió la actual administración, la DGA recibió una ‘herencia’ de 28.645 expedientes pendientes, ligados a los sectores minero, eléctrico, forestal, sanitario, agrícola, construcción y acuícola, entre otros.
Las principales trabas responden a exigencias de la reforma al Código de Aguas, promulgada en abril de 2022, que ‘complejizó los trámites’, admiten desde el organismo. Y mencionan que la mayor son solicitudes de constitución de nuevos derechos, perfeccionamiento de títulos, modificación de cauce, cambios de puntos de captación de aguas subterráneas, traslados de ejercicio de aguas superficiales y regularización de derechos consuetudinarios sin título inscrito.
En estos cinco meses, la DGA impulsó una reestructuración interna, que incluyó redestinar dotación, modernizar plataformas informáticas, eliminar la duplicidad de requerimientos, aplicar trazabilidad a los expedientes y tramitar ‘en paralelo’, y no de manera secuencial, los procesos.
El organismo carecía de una herramienta de control de gestión, y hoy cuenta con un panel de monitoreo para vigilar distintas variables y hacer ajustes.
Cambios que han rendido frutos. Entre marzo y julio, los expedientes resueltos por el organismo sumaron 4.178, un 18% más que en igual lapso de 2025, y un 198% superior al mismo período de 2022, cuando asumió el gobierno de Gabriel Boric.
La meta autoimpuesta de la DGA apunta a superar la barrera de los 15 mil expedientes resueltos este año, versus los 9.478 que zanjó el gobierno de Boric el año pasado (un 58% más) y frente a los 3.970 de 2022 (278% superior). Estiman que entre marzo y diciembre entrarán 9.000 expedientes a trámite, por lo que lograrían reducir el stock pendiente a unos 21 mil o 22 mil expedientes.
Los objetivos son dos: ‘Uno, hacer que los expedientes se resuelvan más rápido mediante optimizaciones y, segundo, que vía técnicas habilitantes alternativas no ingresen tantos expedientes, porque hay casos de bajo riesgo en que tramitar un permiso en la forma tradicional es desproporcionado’, explica Zañartu.
Y da un ejemplo de lo que están promoviendo. Hoy el 66% del territorio nacional está calificado como zona fronteriza y entre el 55% y el 60% de las solicitudes tiene que pasar por la Dirección de Fronteras y Límites (Difrol); en el 99% de los casos el pronunciamiento es favorable. ‘Esa etapa del proceso no le agrega ningún valor al trámite y no se justifica consultar a Difrol; simplificar ese trámite permitiría ahorrar cinco meses por cada permiso’, expone Zañartu.
En total, son 24 categorías o tipos distintos de permiso, donde los más numerosos son la constitución de derechos de aprovechamiento de agua, el perfeccionamiento de títulos y la regularización de derechos consuetudinarios.
Hasta ahora, los avances se han logrado solo con mejoras en gestión, pues aún no rigen modificaciones legales que están en proceso de aprobación y que gatillarán ‘un envión mayor’.
Para los permisos de obras hidráulicas —modificaciones de cauce, bocatoma y obras hidráulicas mayores— hay reglamentos alojados en Contraloría a la espera de su toma de razón. ‘Eso permitirá que estén sujetos a técnicas habilitantes alternativas, que reemplazarán al permiso tradicional por una declaración jurada, que habilita más rápidamente al titular a construir, y el control se realiza ex post mediante la fiscalización’, puntualiza el asesor.
Aunque esos permisos equivalen solo al 6% de la cartera de expedientes, sí son los más relevantes en materia de inversión: representan sobre el 90%, subraya.
La incorporación de inteligencia artificial, hoy acotada a procesos como admisibilidad y perfeccionamiento de títulos, se irá extendiendo a otras funciones. En el organismo calculan que eso podría reducir en 50% los tiempos.
En la DGA también trabajan en un paquete de modificaciones legales y normativas, algunas irán por la vía reglamentaria, otras por decreto y otras serán cambios legales. Están alistando una batería de 30 medidas orientadas a una tramitación más eficiente y simplificada de expedientes.
Por ejemplo, hoy estudia cada solicitud por separado y la idea es que a solicitudes similares se aplique el mismo criterio, mediante lo que se denomina ‘el uso de antecedentes homologables’.
La racionalización de las visitas a terreno es otro frente, pues ‘hoy hay muchos casos que se pueden resolver con imagen satelital, drones o data histórica’, mencionan desde el organismo.
Otra simplificación regulatoria apunta a otorgar más potestad a las organizaciones de usuarios de agua —juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas y comunidades de aguas— en los cambios de punto de captación y en los traslados de ejercicio de los derechos de agua, ‘trámites que hoy son 100% atribución de DGA, aunque los que más conocen la cuenca y la realidad hídrica de cada zona son las mismas organizaciones’.
El avance que se espera alcanzar es significativo. Si hoy cada expediente demora en promedio 2,65 años en tramitarse en la DGA, el objetivo es bajar ese plazo a menos de un año.
Y prevén que en 2029 el sobrestock de expedientes estará en régimen, es decir, podrán resolver todo lo que ingresará ese año.
Fuente: El Mercurio, 24 de agosto de 2026.