SNA y Sonami advierten que inapropiabilidad del agua introduce incertezas jurídicas y precariedad al agro y la minería
20 April 2022
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No fueron bien recibidos en los gremios agrícolas y mineros los artículos que fueron aprobados el martes en el pleno de la Convención Constituyente. Las normas que pasaron al borrador de la nueva Constitución proponen un nuevo concepto de bienes comunes naturales, entre los cuales figuran el mar, las aguas, el aire, el subsuelo, los bosques nativos, entre otros. Sin embargo, el artículo que más preocupación generó en los sectores económicos es el que propone que de estos bienes son inapropiables el agua en todos sus estados y el aire.
A su vez, también prendió las alarmas el que se aprobara que el Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas para el uso de los bienes comunes naturales inapropiables de manera temporal, sujeto a causales de caducidad, extinción y revocación. 'Estas autorizaciones, ya sean individuales o colectivas, no generan derechos de propiedad', indica la norma que fue aprobada con 110 votos a favor. Cristián Allendes, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), calificó como una mala noticia para el rubro las normas aprobadas.
'Modifica radicalmente los derechos de aprovechamiento del agua para la producción de alimentos. En la práctica, los extingue. Impactaría a más de 400 mil titulares de derechos del agro y otros servicios básicos, ya que se pierde la seguridad de llevar a cabo sus proyectos y la posibilidad de recuperar la inversión', declaró. Y explicó que un agricultor no puede hacer una siembra si es que no tiene seguridad de la provisión de agua y que es imposible producir e invertir si es que un funcionario tiene la facultad para caducar los permisos de riego en cualquier momento. 'Este tipo de normas hará que Chile sea menos competitivo y pobre, generando desincentivos a trabajar en la agricultura, que necesita certezas', afirmó. Allendes manifestó que en los últimos años ha observado que la inversión en el agro se ha ralentizado porque no hay disponibilidad física de agua. 'Si a eso se le suma la incerteza jurídica, dependiendo de un funcionario público que defina cuándo y dónde se debe producir, el escenario es malo', aseguró. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, coincidió con Allendes, agregando que la norma aprobada 'precariza' los derechos de agua.
'Estos ya no existirían, sino que lo que habría es una autorización administrativa que es incomerciable, no se puede vender ni transferir y es temporal', declaró. 'Esto es bastante complejo. Una mina que está funcionando y se le vence el permiso de agua y no se lo renuevan porque la autoridad administrativa hace esto en base a su criterio, esto abre la arbitrariedad', añadió. Hernández señaló que al no tener derechos de agua —sino que una 'autorización precaria'— se les resta valor a las minas. 'Si se vence el permiso, ningún banco va a prestar plata mientras no se renueve. Esto precariza los derechos y aumenta la burocracia', afirmó. El presidente de la Sonami dijo estar 'preocupado' porque con lo que se está aprobando en la Convención 'se está desmantelando la institucionalidad del país'.
La visión de los expertos
El socio de Dalgalarrando y Cía., Alejandro Montt, explicó que el concepto de bien común natural que se definió es 'confuso', ya que mezcla —por ejemplo— bienes comunes a todos los hombres, como el aire; bienes nacionales de uso público, como el agua, y bienes de dominio privado, como podrían ser algunos bosques.
'El concepto de bienes comunes naturales es aún un concepto marco, que debe decantar en regulación más específica respecto a la forma en que se otorgarán permisos para su utilización. Asimismo, tampoco sabemos por ahora qué normas transitorias aplicarán y qué tipo de derechos se respetarán o no', sostuvo.
Por su parte, el abogado jefe del área de Medio Ambiente de Elías Abogados, Jorge Cash, aseveró que el especial alcance y 'peligro' de la norma que establece que el uso de los bienes comunes naturales se otorgue a través de permisos administrativos es que fija un límite 'extraordinariamente amplio para limitar, restringir o privar a los particulares del ejercicio de tales permisos o autorizaciones, consistente únicamente en un interés público sin ningún tipo de apellido'.