Ríos de la zona central sufren los efectos de la extracción de áridos
22 September 2018

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La Junta de Vigilancia del río Cachapoal Primera Sección denunció en junio, ante la Dirección General de Aguas (DGA), que 10 faenas de extracción de áridos no tenían permisos para explotar el río. Esta situación genera preocupación a los regantes, pues a falta de un reglamento y sin fiscalización, estas faenas -denuncian- causarían daños considerables al medio ambiente y a la infraestructura pública, como se presume habría ocurrido en el puente Cancura, en Los Lagos.
Para la denuncia, facultados por la modificación al Código de Aguas en enero, realizaron un estudio en 30 kilómetros del río, verificando la extracción, junto a la DGA y la Superintendencia del Medio Ambiente.
El gerente de la Junta, Robert Hilliard, dice que el perjuicio es que hay diferencias de nivel y el agua no llega a las bocatomas para ingresar a los canales de regadío, lo que también podría afectar a zonas pobladas por una crecida. "Hicimos la denuncia, pero de acuerdo a lo que se ha visto, va a ser inconducente, porque no está muy claro qué es lo que puede hacer la DGA, que podría intervenir cuando hay modificación de cauce, pero cuando hay un hoyo de cuatro metros para abajo, yo lo interpreto como modificación de cauce", comentó.
Javier Carvallo, juez de río de la Primera Sección del Maipo y de la Segunda Sección del Aconcagua, afirma que "es un buen negocio", dado que el material se requiere para todas las construcciones, por lo que la operación continúa, quebrando el equilibrio del río. A esto se agregarían problemas de agua en Valparaíso, Viña del Mar y Concón, abastecidas por el río Aconcagua, advierte Carvallo.
En el río Tinguiririca, el presidente de la Junta de Vigilancia, Miguel Guzmán, afirma que en la zona hay 12 faenas y la mitad trabaja sin permiso.
En el río Lontué (Maule), Diego Castro, representante de la Junta de Vigilancia, acusa que "hay un área gris de quién tiene que autorizar". Afirma que los cambios en el río "son la razón de las caídas de los puentes, las líneas del tren, mientras que los canales quedan con las bocatomas colgadas", obligando a realizar grandes inversiones para recuperar las captaciones.
El seremi del MOP O'Higgins, Moisés Saravia, aclaró que legalmente no tienen facultades para regular, porque la DOH y la DGA son organismos técnicos que actúan ante la modificación de los cauces y que las municipalidades, que entregan los permisos, deberían fiscalizar.
REGLAMENTO
La elaboración de un reglamento, según los afectados, no registra avances.