Mitos sobre el agua
26 March 2021
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Un senador ha anunciado que presentará un proyecto de ley para asegurar a todos los chilenos cien litros de agua diarios en forma gratuita. Según el parlamentario, el futuro escenario hídrico producto del cambio climático será gravísimo y resulta necesario regular el agua, lo que requiere además que ella sea reconocida constitucionalmente como un bien nacional de uso público.
La iniciativa parece otra expresión de una cierta mitología en torno al tema del agua que ha tendido a extenderse en el último tiempo y donde se mezclan hechos ciertos —como el avance de la desertificación— con afirmaciones a lo menos dudosas. Según esta visión, la situación del agua para consumo humano sería desesperada
y solo podría abordarse mediante acciones radicales.
Para entender el tema, debe recordarse que el 82% del agua consumida en Chile se utiliza en agricultura, y que el resto se divide entre agua potable (8%), uso industrial (7%) y uso minero (3%). Respecto de los derechos de agua privados, son más antiguos de lo que hoy parece creerse: ya la Ley 9.909, de 1951, establecía derechos reales y transables sobre este recurso. Pero incluso si se eliminaran estos derechos, la previsible oposición del mundo agrícola —grande, mediano y pequeño— haría extremadamente difícil una hipotética expropiación de sus aguas, como igualmente ocurriría en cualquier país, aunque solo existieran derechos tradicionales (y no formales). Por lo tanto, la mayor parte del agua queda fuera de cualquier iniciativa de reasignación. Respecto del resto, no parece que pudiera ser positivo eliminar los derechos
de agua en la industria o en la minería.
En cualquier caso, la ley permite expresamente la expropiación de derechos si ello es necesario para el uso de las personas. Respecto de quienes no disponen de agua para su consumo personal, se trata de un problema de acceso que no se resolverá con la gratuidad propuesta. En algunos casos, es el cambio climático el que ha reducido la cantidad de agua disponible en las cuencas. En esas ciudades y pueblos se necesitan, pues, inversiones en plantas de desalinización, transporte de agua y pozos más profundos, además de un mayor control de las extracciones ilegales, lo que resolvería el problema.
En otros casos, se trata de localidades aisladas, no alcanzadas aún por el programa de Agua Potable Rural. Según el Consejo de Infraestructura, algo menos de un millón de personas vive este problema, ciertamente urgente de resolver. Pero, nuevamente, la solución pasa por llegar a esas zonas con inversiones en pozos y distribución de agua.
El último grupo que no dispone de acceso fácil al agua potable son los habitantes de tomas: tampoco aquí una ley que ofrezca agua gratis podría ser solución para quienes no tienen conexiones a la red.
Existen hoy varios subsidios para el consumo de agua. Desde luego, el propio programa de Agua Potable Rural es un subsidio que permite que comunidades tengan acceso a ella, pese a que económicamente no se trata de proyectos viables. Existe también un programa focalizado de subsidios al consumo de agua potable, por lo que no hay problemas
reales de acceso a un consumo mínimo. Así, el proyecto anunciado ataca un problema —la falta de acceso a un consumo mínimo— que solo existe donde no se puede resolver con agua gratis, salvo mediante camiones aljibe. Si se desea ayudar a esas comunidades, es necesario gastar más en los programas de agua potable rural, aumentar las inversiones en desalinización y en transporte de agua, y lograr que quienes habitan en campamentos puedan acceder a viviendas formales.
Lo anterior no quiere decir que no haya problemas en el tema de las aguas. Se debe mejorar el manejo integrado de cuencas, establecer caudales mínimos ecológicos, conocer mejor la dinámica de las aguas subterráneas y controlar con más eficacia las extracciones ilegales. Además, las ciudades costeras deberían tratar sus aguas para reutilizarlas, y se
debe aumentar la inversión en plantas desalinizadoras aprovechando energía solar limpia y de bajo costo. Pero el proyecto anunciado, y muchos otros en esta materia, más bien distraen y constituyen un disuasivo para las necesarias inversiones en el sector.