Experta en gobernanza del agua de la OCDE: “Cualquiera sea el plazo, lo que se requiere son mecanismos que ayuden a manejar riesgos”
03 February 2019
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Aunque admite que una revisión cada tres décadas de la situación hídrica se puede llegar a considerar un paso hacia adelante, la líder del Programa de Gobernanza del Agua, Aziza Akhmouch, recalca a PULSO que lo importante es saber reaccionar a los riesgos que enfrenta el recurso y que no respetan plazos. En ese marco, sostiene que desde el organismo el debate no gira en torno a quién tiene los derechos de agua ni si son indefinidos o no.
Para el organismo con sede en París, lo primordial es que los gobiernos tengan la capacidad de implementar una estrategia nacional, lo que a juicio de Akhmouch sí resulta difícil para Chile, dada la atomización y fragmentación de la propiedad del agua. En ese marco, si bien valora los esfuerzos nacionales por mejorar la gobernanza del recurso, invita a que se avance hacia una reforma donde la decisión sobre los usos de las cuencas se dé de manera conjunta entre los diversos actores involucrados.
¿Ante lo riesgos que enfrentan los recursos hídricos es recomendable que el agua sea un bien público?
– En la OCDE no hay una perspectiva normativa en términos de la propiedad pública o privada de los derechos de aprovechamiento. Entre sus 36 países hay una gran diversidad de organización institucional. Lo que sí aborda es la capacidad de los gobiernos de diseñar e implementar una política hídrica a nivel nacional.
Observamos que en Chile hay un margen de maniobra más limitado para que el gobierno diseñe una estrategia nacional por la atomización y la fragmentación de los derechos, que están asignados a usuarios que se organizan en asociaciones de usuarios de agua y que básicamente tienen control sobre los recursos superficiales de riego de un río determinado. En ese marco, en Chile es muy difícil llevar una política hídrica ambiciosa a nivel nacional.
No es un tema de propiedad, porque hay muchos países que tienen derechos privados de aprovechamiento, con reglas del mercado que funcionan bastante bien, donde se pueden concesionar los derechos cuando no se hace el uso óptimo de los recursos otorgados y no es problemático.
¿Qué le parece el debate nacional sobre si se entregan derechos de agua a 30 años o de manera indefinida?
– En realidad los impactos sobre la disponibilidad de los recursos hídricos tampoco esperan 30 años. Entonces cualquiera sea el plazo, lo que se requiere son mecanismos que ayuden a manejar riesgos que surgen por el cambio climático, crecimiento poblacional o por procesos de urbanización, donde las ciudades compiten cada vez más con el riego, minería u otras industrias extractivas. No sólo es el plazo, sino lo que las políticas públicas permiten dentro del plazo flexibilizar los regímenes de asignación y asegurarse que se usen los recursos, sobre todo en tiempo de escasez.
En el caso de Australia se necesitaron 20 años de reformas de sus mercados del agua y de diálogo con los agricultores, para convencerles de que si bien tenían un derecho indefinido, era mejor tener un volumen garantizado sobre un periodo más corto, que un volumen indefinido sobre un periodo largo en el cual de todas maneras enfrentarán el que no quede agua. Que alguien tenga el derecho o no, no cambia la situación de estrés hídrica que se tiene que manejar.
Desde el punto de vista filosófico, que se vaya reduciendo el plazo y permita dentro de tres décadas ajustar, flexibilizar, revisar, repensar, es un paso, pero dado que la presión sobre los recursos no espera tres décadas, sabemos que la competencia y los conflictos sobre el uso van a ser cada vez más intensos en los países de la OCDE.
¿En relación a sus pares de la OCDE, Chile está en deuda en términos de desarrollo de una estrategia hídrica?
– En el caso de Chile hace falta elevar un poco el perfil de la política hídrica, no tanto en términos de la problemática sectorial o ambiental, como suele ser en varios países, sino como una herramienta de desarrollo sustentable y de desarrollo económico. No se trata sólo de problemáticas ambientales, por eso es importante que la política hídrica que se tiene que ambicionar esté diseñada e implementada en función de responder la pregunta de cómo puede ser un motor para el desarrollo económico del país o, por lo menos, cómo puede no ser un obstáculo para eso.
¿Qué reforma se debe pensar en función de las dificultades de gobernanza del agua que enfrenta el país?
– Lo más importante es que los países tengan un sistema donde la toma de decisión, en cuanto a quién tiene acceso a los recursos hídrico, cómo y para qué tipo de uso, se dé en consulta con las partes interesadas. Nosotros insistimos que la gobernanza no son sólo los gobiernos. A veces son organismos de cuenca, donde distintos usuarios pueden manejar los arbitrajes y flexibilizar un poco esta asignación de recursos en tiempos de escasez.
¿La creación de un panel de expertos para resguardar el consumo humano le parece acertado?
– Uno de nuestros Principios de Gobernanza del Agua, llama a “Promover la adopción e implementación de prácticas de gobernanza del agua innovadoras entre las autoridades competentes, los órdenes de gobierno y los actores relevantes”. Dentro de ello, consideramos que promover una sólida interfaz científico-normativa, en este caso a través de una comisión de expertos independientes, puede contribuir a una mejor gobernanza del agua y ayudar a una toma de decisiones más acertada. Lo que me llama la atención sobre tu pregunta es que si se está considerando la creación de un panel de expertos independientes.