El 1% del agua agrícola de Petorca abastecería a la provincia
10 October 2018
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Unos $ 540 millones. Eso costaría proveer con 120 litros diarios a las 78.299 personas de la provincia de Petorca para que dejen de depender de camiones aljibe. Los mismos que significaron $7.500 millones entre 2014 y 2018, en una zona que desde 2011 registra 11 decretos de escasez hídrica.
Óscar Cristi, director general de Aguas, dice como se pueden obtener: "Esa cantidad de agua equivale al 1% de los derechos de uso agrícola de esa zona. Hay que ver dónde se puede alumbrar, pero si no se pueden comprar... El artículo 27 del Código de Aguas permite que la DGA adquiera derechos de agua. Entonces llevamos un montón de tiempo peleando por cambiar el Código, cuando para solucionar el problema no se necesita. Se puede ofrecer un poder de compra, y si nadie quiere vender, hay que expropiar, comprando a valor de mercado".
Petorca es el emblema de que la escasez hídrica es real y tiene una magnitud tal que pone urgencia a buscar soluciones a situaciones como la fiscalización de irregularidades en el uso, el sobreotorgamiento de derechos y la transparencia de la información.
Todos temas que recaen en la Dirección General de Aguas, a cargo de Óscar Cristi, organismo que para ejercer todas sus funciones -incluidas las que le impone la Ley 21.064 de fiscalizar y manejar los sistemas de control y medición de extracciones en cerca de 36 mil puntos de extracción y 12 mil bocatomas- cuenta con 47 fiscalizadores y un presupuesto de $18 mil millones.
-Parte del problema de Petorca ha sido por sobreotorgamiento de derechos de aguas. ¿Cómo es posible?
-Tenemos tres formas de acceder al agua: los derechos que otorga la DGA desde 1981, con el actual Código de Aguas; los consuetudinarios, que son reconocidos de hecho, pero que requieren ser regularizados por los tribunales; y el SAG, que otorga el derecho de aguas de la ex Cora. La ley establece que en el catastro público de aguas debiesen estar todos los derechos otorgados legalmente y los consuetudinarios ya regularizados.
-¿Se ha hecho?
-No. La DGA sabe cuáles son sus derechos otorgados. El SAG no tiene obligación de informar a la DGA. Los tribunales a veces solicitan informes cuando están regularizando un derecho, pero no informan si lo constituyeron. Entonces, se desconoce cuántos de los existentes están efectivamente en el catastro público. Esto, porque no se ha podido lograr la fórmula para que los derechos consuetudinarios se regularicen, ni se ha podido lograr incentivos y que los que los tienen los inscriban en el catastro público.
-Pero, además se han entregado más derechos que el agua disponible...
-Por algún tiempo la DGA otorgaba derechos basada en el uso previsible. Para ello, consideraba que si bien el agricultor pedía un derecho por una cantidad de agua, no la iba a usar toda, porque no la ocupa todo el año y porque las tecnologías de riego eran distintas, lo que permitía constituir nuevos derechos. Así, por ejemplo, si había 100 litros por segundo, al primero se le podían constituir los 100, pero iba a ocupar 20; entonces, al segundo se le daban 80 e iba a ocupar el 20%, y así suma y sigue. Si se sumaban todos los derechos, eran muchos más que el agua disponible, pero estaba bien, mientras las condiciones no cambiaran.
Pero, el riego empezó a tecnificarse. Y no significó que se usara menos agua, sino que quedaba menos agua disponible y mucha gente empezó a utilizar cultivos más intensivos en agua o a expandir su superficie.
Además, algunos derechos cambiaron de uso -a la minería, a lo urbano, por ejemplo-, y ahí el uso es mucho más intensivo. Entonces, ahora al sumar la cantidad de derechos, es muy superior a la cantidad de agua.
-Eso lleva a establecer áreas de restricción.
-La DGA ha ido reconociendo el tema y determinando áreas de restricción; es decir, en las que solo se pueden entregar derechos provisionales no indefinidos, y en la medida que eso no genere daño al acuífero pueden continuar; si no, se dejan sin uso.
Cuando la situación es más delicada, se declara área de prohibición.
-Hay 8. ¿Son suficientes?
-Son pocas en las condiciones actuales de muchas cuencas. Es un tema que estamos revisando. Probablemente áreas que hoy son de restricción van a pasar a ser de prohibición. Para eso estamos haciendo los informes técnicos y esperamos de aquí a fin de año tenerlos. Estamos trabajando sobre todo en las zonas con casos más dramáticos, como Petorca.
-¿Van a aparecer otras Petorca?
-Estamos haciendo ese diagnóstico con todas las regiones. No tenemos en este momento otro caso tan dramático; no obstante, tenemos decretos de escasez vigentes en 67 comunas del país.
-¿Sirven esos decretos?
-Generan la base para las medidas de emergencia, como pueden ser los camiones aljibe y permiten que la DGA haga redistribución de las aguas. Es decir, que pueda reemplazar el rol de las organizaciones, si existen o si no se ponen de acuerdo.
-La Ley 21.064 les impone nuevas tareas que deben cumplir con 47 fiscalizadores. ¿Cómo van a enfrentar estos desafíos?
-Con una mirada tecnológica y organizativa. Tecnológica, porque estamos convencidos de que la única manera de avanzar es a través de una fiscalización con instrumentos satelitales. Porque con esa cantidad de personas es imposible detectar extracciones ilegales a lo largo de Chile. La fiscalización de a pie no tiene mucha viabilidad y estamos empezando a trabajar en cómo hacer fiscalizaciones satelitales.
-Hablamos de más presupuesto...
-En realidad, pensamos adoptar la tecnología que está. Está el rol del predio. Después se ve qué tipos de cultivo tiene, y a partir de ahí se puede determinar cuál es la demanda de agua para esos cultivos y compararla con los derechos de aguas del propietario. Eso da inmediatamente una señal de posibles ilegalidades. Con eso podremos pedirle al propietario información que podemos no tener. Es un punto de partida.Además, queremos realizar un trabajo mucho más estrecho con las organizaciones de usuarios. Ellas debieran ser las primeras en preocuparse del control de las extracciones, porque si hay extracciones ilegales se está reduciendo el acuífero, con lo que no se podrá disponer del recurso a futuro.
Una ley específica.
-Sin embargo, no se las refuerza en el proyecto de modificación del Código...
-Queremos hacer una Ley de Organizaciones de Usuarios, no incluirla en la misma discusión del Código de Aguas, que se pueda discutir en forma separada, de modo de darle la importancia que pensamos que tiene. Creo que podemos lograr mucho consenso en torno al rol las organizaciones de usuarios. Y en esa ley, lo que queremos es establecer una mayor cantidad de incentivos para que se constituyan y tengan más atribuciones; que se refuerce su rol como el agente local.
Si se ve desde el punto de vista conceptual, el Código de Aguas lo que ha hecho es entregar la gestión de los recursos hídricos a los particulares, a través de la constitución de derechos; ahora, es lógico que sean ellos los encargados de cuidarlos y gestionarlos, y que la DGA tenga un rol de supervigilancia.
- Sin embargo, el proyecto de modificación del Código, deja a la DGA con muchísimo más poder
-Dado que están estos organismos intermedios entre el usuario y la DGA que tienen un rol muy importante. Sin duda, tenemos que sentarnos a ver qué corresponde primariamente a las organizaciones de regantes y qué subsidiariamente a la DGA. Y no al revés.
- ¿Por qué son necesarios incentivos para que se constituyan?
-Un estudio muestra que ha habido 550 organizaciones que han intentado registrarse ante la DGA para constituirse legalmente, y no han podido. Ante esto, estamos revisando nuestros procedimientos y constituimos una mesa con la Comisión Nacional de Riego. Partimos con 90 organizaciones de las 550. Nos propusimos que por lo menos 60 se puedan registrar de aquí a fines de año. Nuestra unidad de organizaciones de usuarios la destinamos al registro de las que no lo han logrado. Por supuesto que 60 pueden ser pocas. Pero el año pasado, con un esfuerzo enorme, la DGA lo que hizo fue constituir 12 comunidades de aguas.
MODERNIZAR EL SISTEMA
-¿Cuáles son las herramientas para evitar la especulación?
-Una es la patente por no uso. La DGA tiene que generar los listados a quienes se les cobra, pero la Tesorería es la que cobra. La Tesorería tiene unos sistemas para hacer los cobros online, pero la DGA sigue mandando un listado manual. Entonces, estamos trabajando para sumarlo al sistema.
También estamos trabajando algunos listados de derechos otorgados por la DGA que sabemos que no han sido inscritos y que están en los del listado de patentes morosas.
-¿La pagan?
-Va avanzando y habiendo remates. De los de 2016 se ha logrado cobrar el 52%. El 2017, el 39%, y los que tenían que pagar en 2018, 21%.
-¿Cómo verifican que el derecho se use?
-Con visitas a terreno. Ahí también vamos a trabajar un sistema satelital, estamos trabajando un piloto y protocolo para que a partir de las fotos satelitales podamos determinar la capacidad de la obra y así identificar la capacidad de captación y compararla con los derechos.
-El uso de satélites implica más recursos...
-Sí, es más plata, pero que podemos manejar dentro de nuestras posibilidades. Básicamente, se requieren softwares y equipos, y sobre todo, la capacitación de la gente. Tenemos especialistas, pero tenemos que hacer una pequeña capacitación, y ya estamos trabajando en esto. De hecho, seguimos en el plan de Petorca, y ahora se hace una segunda a partir de la información satelital.
-Aumentar la fiscalización en una zona ¿no implica desatender otras?
-Por eso lo hemos hecho en equipos tipo SWAT. No es que desviemos los recursos permanentemente, sino que en el caso de Petorca trajimos de otras regiones y en un día fiscalizamos. Entonces, estos equipos después vuelven a sus regiones y ahí el proceso igual se hace lento, porque viene todo el análisis de los expedientes. Eso no es con los equipos de varias regiones, sino con el equipo estable de cada región.
-¿Por qué en Petorca no se tomaron medidas antes, si la situación se escuchaba hacía tiempo?
-Habría que preguntarle a la administración anterior. Es difícil responder por qué dejamos que Aculeo llegara donde llegó, por qué Petorca llegó a donde llegó. En honor a la verdad, en Petorca se habían estado haciendo fiscalizaciones en el tiempo y se habían estado dejando sin efecto los derechos provisionales a partir de 2014. Aunque no con la intensidad de ahora.